La riqueza financiera neta de las familias españolas e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH) se situó en 1,92 billones de euros en 2021, lo que supone un aumento del 9,4% en tasa interanual, según las cuentas financieras publicadas este martes por el Banco de España. La riqueza de los hogares se mide como la diferencia entre los activos (dinero en efectivo, acciones, depósitos y valores en renta) y los pasivos (la deuda) que tenían; y su evolución el año pasado fue resultado de un fuerte crecimiento de los primeros, a la vez que solo se produjo un ligero aumento de su endeudamiento. Esta moderó su peso en relación con el PIB respecto a 2020.
La cifra de los activos financieros netos (es decir, la riqueza neta) que tenían las familias al cierre del cuarto trimestre del año pasado equivale al 159,7% del PIB, un porcentaje 2,9 puntos superior al del mismo periodo de 2020. Eso significa, como explica el Banco de España, que los activos netos de las familias aumentaron el año pasado por encima del PIB, que creció un 5,1%, según la última revisión del INE.
El saldo total de activos financieros de los hogares e ISFLSH alcanzó a finales de 2021 los 2,69 billones de euros, lo que supone un 7% más que un año antes y equivale al 223,7% del PIB. Este repunte refleja la adquisición neta de activos financieros, que ascendió a 80.000 millones de euros en el último año, concentrada en los depósitos y, en menor medida, en los fondos de inversión. A esto se sumó la revalorización de esos activos en 96.100 millones de euros, que fue importante en todos los trimestres del año, salvo el tercero, y se concentró principalmente en los instrumentos de participación en el capital de las empresas (como acciones) y en los fondos de inversión.
Por componentes, el grueso de los activos financieros de los hogares se encontraba en efectivo y depósitos (el 38% del total), seguido de participaciones en el capital (29%), participaciones en fondos de inversión (15%) y seguros y fondos de pensiones (14%). El componente de participaciones en fondos de inversión fue el que más incrementó su peso en los activos financieros de los hogares: su peso sube 1,2 puntos con respecto a un año antes, mientras que el de los seguros y fondos de pensiones fue el que más cayó (un punto menos cada uno).El Juzgado de lo Mercantil de Sevilla ha cancelado, invocando la Ley de la Segunda Oportunidad (LSO), la deuda de un farmacéutico que debía más de cinco millones por créditos contraídos al invertir en un fondo estructurado. Entre sus acreedores se encontraban entidades privadas como bancos y proveedores, pero también entidades públicas como Hacienda.
Tras estudiar el caso, el Juzgado concluyó que el farmacéutico cumplía con todos los requisitos exigidos para acogerse a la LSO, como no haber resultado culpable durante el concurso de acreedores, haber actuado de buena fe y haber satisfecho ya los créditos contra la masa, los créditos concursales privilegiados y, al menos, el 25 % de los créditos ordinarios. Por otra parte, la situación insolvente del farmacéutico estaba agravada por haber tenido que vender en 2019 la oficina que tenía en Sevilla para saldar parte de sus deudas, algo que lo colocaba como un perfecto candidato para que le perdonaran la deuda gracias a esta ley.
El farmacéutico veía imposible pagar la deuda millonaria debido a su insolvencia económica. Así las cosas, pidió acogerse a la LSO y el 9 de febrero el Juzgado le concedió el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI), dándole la razón.
Desde el despacho de abogados que le asesoró en el proceso explican que el procedimiento se ha alargado durante seis años, algo poco común cuando se pide un BEPI. Pero es que este caso tuvo diversas particularidades: el farmacéutico tuvo que ir a concurso necesario en 2015 al haber contraído varias deudas con un proveedor, por lo que tuvo que ir liquidando toda la masa (es decir, todas las posesiones) hasta cumplir con los requisitos para adherirse a la LSO. A partir de ahí, el concurso duró cuatro meses, algo más común en un BEPI.